Hace un año se promulgó la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la Educación Superior. En total, las universidades de Chile tenían 365 días para implementarla. Ese plazo venció este mes de septiembre.
La legislación exige actualizar procesos de denuncias, investigaciones y sanciones al interior de las instituciones académicas y también construir una cultura preventiva en éstas. Para eso, era muy necesario pensar en el largo plazo y fue en ese sentido que Ekhos, empresa socia de AIM, participó de cinco estudios de diagnóstico para conocer qué se estaba haciendo en esa materia y para aportar las políticas que estaban diseñando las instituciones de Educación Superior
“Las universidades debían revisar sus protocolos y para eso contaron con varias asesorías. Una de ellas fue del estudio de abogados Sarmiento & Walker (de Elisa Walker y Claudia Sarmiento), quienes nos invitaron a participar de estos estudios para aportar a la dimensión jurídica un diagnóstico para abordar los temas de sanción y prevención”, comentan Claudio Rutllant y Gonzalo Tapia, socios fundadores de Ekhos.
En su opinión, independientemente de la ley, las universidades ya venían trabajando en materia de prevención del acoso luego del mayo feminista de 2018. Sin embargo, la normativa “deja menos espacios para discrecionalidad y la interpretación, obligando a cada institución a mirar hacia adentro, ver cuánto ha avanzado y definir metas de lo que tiene que hacer respecto a estos dos grandes ámbitos: uno es la investigación y sanción, el otro es la prevención construyendo procesos pedagógicos, educativos, transversalización de contenidos y sobre todo la construcción de una cultura de prevención”.
“Era necesario definir dónde estaban las brechas y abordar las definiciones, políticas e implementación que fuese necesaria justamente para poder cumplir con el estándar, pero sobre todo en este fin más general que es llevar a la institución de educación a un nuevo estándar de convivencia y de respeto de los Derechos Humanos en el aspecto más importante de lo que es la ley, que es reconocer que en las instituciones ocurren situaciones de acoso, violencia y discriminación de género”, sostiene.
El equipo de Ekhos trabajó en cinco instituciones de Educación Superior (tres universidades y dos de formación técnico-profesional). “Nos tocó hacer estudios de Arica a Punta Arenas, por lo que tuvimos que realizar entrevistas, aplicar encuestas, realizar focus group con los distintos miembros de las comunidades universitarias. Creo que logramos hacernos un panorama bastante claro del escenario en el cual se encontraban las instituciones y también los esfuerzos que están haciendo para cumplir con la ley y sobre todo para ir un poco más allá del cumplimiento de la ley promoviendo políticas integrales de género”, comenta.
Características del estudio
La ley es bien explícita en cuanto a que para construir una política al interior de las instituciones, el diagnóstico debería contar con dos características particulares: ser participativo y que las muestras tuvieran un criterio paritario.
Con respecto a lo primero, Tapia explica que el diagnóstico “no podía tener solo expertos o contar con una mesa de personas que tuvieran conocimiento técnico sobre la materia, sino que tenía que ser capaz de abordar a los distintos estamentos de la propia institución. Por lo tanto, hubo entrevistas y focus group en que participaron directivos, profesionales de las casas centrales, también colaboradores, dirigentes sindicales, docentes y académicos y estudiantes”. “La idea era que estas entrevistas sirvieran como instancia de que la universidad, institución, etc., pudiera transmitir que había un compromiso institucional con este tema”, añade.
En relación al criterio paritario, Tapia sostiene que Ekhos fue aún más allá: “en el fondo lo paritario tiene que ver con la incorporación plena de las mujeres, pero lo que buscamos también fue hacer un doble click en términos de las muestras y tratar de hacer espacios de conversación con personas que tienen identidad de género no binaria. Entonces fue un diagnóstico que tuvo un enfoque de género desde el reconocimiento de que existen diversas identidades, lo que permitió reconocer algunas demandas como del uso del nombre social o la implementación de baños mixtos”.
Esto permitió identificar que existe una mayor percepción de discriminación entre quienes se identifican como no binarios, pero en términos de cantidad, fueron las mujeres de las distintas instituciones de Educación Superior quienes han vivido situaciones más complejas, comenta Tapia.
“Lo que necesitábamos era abordar desde una diversidad de voces, de distintas experiencias, la complejidad de este tema. Y por lo tanto, pensar en una estrategia metodológica que incluyera entrevista en profundidad con todos los resguardos de confidencialidad, en la cual se abordaron temas complejos. Luego hubo instancias grupales como los focus group y todo esto complementado por una encuesta de opinión con esfuerzo censal de llegar al máximo de personas de la comunidad de cada institución de educación superior”, explica Tapia.
Aunque en su opinión es difícil plantear una conclusión que resuma lo que vio en las cinco instituciones académicas, Tapia sostiene que fue posible identificar que los temas de género “dependen de la cultura de cada centro de estudios y también en cada facultad –pues hay carreras masculinizadas o feminizadas–, que tienen historias, tradiciones, ciertos hábitos y prácticas cotidianas en los cuales se reflexiona sobre el tema o derechamente se repiten los patrones de conducta violentos o discriminatorios”.
Aun así, “todas, sin excepción tienen claridad absoluta de que este es un tema que está instalado en la vida universitaria y que, lamentablemente, los hombres aún no terminan de comprender su rol en esta nueva sociedad”, concluye.
