Actualmente Chile cuenta con uno de los periodos de prohibición de publicar encuestas más largos de la región. De acuerdo al estudio Freedom to Conduct Opinion Polls realizado por WAPOR y ESOMAR (2018), la veda de 15 días en Chile es solo superada por Bolivia y Honduras con 30 días y Panamá con 20. En tanto, Perú, al igual que Chile tiene una prohibición de publicar de 15 días. De acuerdo a esta investigación, la mediana en Latinoamérica es de 7 días, mientras que en el caso de Europa la mediana es de solamente dos días.
Organismos internacionales especializados en investigación de opinión pública, tales como los mismos WAPOR y ESOMAR, abogan por eliminar los períodos de prohibición para difundir encuestas. De acuerdo a estos organismos, las restricciones a la publicación de encuestas electorales tienen consecuencias negativas para las democracias. Argumentan que cuando las firmas encuestadoras no pueden compartir sus datos con el público en general, se produce una desigualdad en el acceso a la información, ya que si bien los clientes de las encuestadoras pueden seguir teniendo acceso directo a los últimos sondeos, los votantes no pueden conocer de igual forma las tendencias de la opinión pública en momentos claves para la definición electoral.
En enero de 2022, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que propone modificar la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales (Boletín N° 13.894-06). El proyecto proponía disminuir el periodo de prohibición de difusión de encuestas electorales de 15 a 4 días antes de una elección, no obstante, si bien esta propuesta surgió con el fin de mejorar la transparencia y la calidad de la información que emana de los estudios de opinión pública en época electoral, el texto aprobado no da garantías de avanzar hacia ese objetivo y, al contrario, amenaza el desarrollo de la investigación electoral en el país.
Como AIM Chile adherimos a las recomendaciones de los organismos internacionales y abogamos por la eliminación del periodo de prohibición de publicar encuestas. Junto a ello, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia promoviendo la publicación de fichas metodológicas, cuestionarios y bases de datos, que faciliten que la comunidad de investigadores, periodistas y la sociedad en su conjunto pueda analizar el trabajo de las encuestadoras y contar con herramientas para discernir entre estudios de calidad y aquellos que no cumplen los estándares mínimos.
