En su edición del 09 de junio El Mercurio publicó una editorial titulada “La responsabilidad de las encuestas”, donde hace una comparación entre los sondeos electorales que se realizaron en Perú a propósito de las elecciones presidenciales y las encuestas políticas que se realizan actualmente en Chile.
En el texto se afirma que la confiabilidad de los estudios chilenos “no es particularmente alta o al menos las estimaciones puntuales –que a menudo generan amplia discusión pública– están lejos de dar cuenta de la realidad política específica en un momento del tiempo”. Junto a ello, llama a las encuestadoras nacionales a “realizar un mejor trabajo”.
Como es de pleno conocimiento entre los expertos electorales, esta comparación es errónea pues no es posible comparar el caso peruano –donde existe voto obligatorio incluso para los ciudadanos en el extranjero–, con el caso chileno, donde la voluntariedad del voto instaurada en 2012 requiere la construcción de un modelo de votante probable para la realización de predicciones electorales. Este modelo implica ponderar una serie de variables que no siempre se comportan de manera lineal, tales como la participación previa según tipo de elecciones, escalas de interés en la política, nivel de información o conocimiento de los candidatos, etc.
A lo anterior debe sumarse el hecho de que las recientes elecciones realizadas en Chile han transcurrido en un escenario atípico. Al gran impacto que ha tenido la pandemia en la participación del electorado mayor de 60 años, se han sumado fenómenos electorales como el observado en la Región Metropolitana para la segunda vuelta de elección de gobernadores, donde una alta votación concentrada en tres comunas del sector oriente –contrastada con una baja participación en el resto de la región– termina condicionando el resultado.
Junto a ello, tenemos la Ley 18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios que prohíbe la divulgación de los resultados de encuestas electorales en los 15 días antes de una elección. Una normativa que en la práctica obstaculiza la realización de pronósticos electorales más ajustados, basados en estudios en los días más cercanos a una votación, como sugiere la editorial.
AIM se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en contra de esta ley mordaza a las encuestas, ya que es una normativa que carece de todo fundamento científico, que contraviene a las recomendaciones de los organismos especializados a nivel internacional y daña profundamente el derecho a acceso a información objetiva en el marco de la democracia. Adicionalmente, como hemos visto en las elecciones de 2020 y 2021, esta prohibición de informar sobre resultados de encuestas sobre intención de voto ha sido ampliamente sobrepasada en los hechos al divulgarse en redes sociales distintos informes, incluso el mismo día de la votación.
Como Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, trabajamos arduamente en la promoción de normas de calidad en la realización de encuestas. Mediante el proceso de certificación al que se someten voluntariamente las empresas que forman parte de AIM, hemos impulsado la adopción de las recomendaciones internacionales de organismos como WAPOR, ESOMAR y la norma ISO 20252:2019 de Investigación de mercado, social y de la opinión.
Además, como parte de nuestro compromiso con la formación de los futuros investigadores sociales y la educación ciudadana en el ámbito de los estudios de mercado y opinión, hemos difundido recomendaciones metodológicas para la realización y publicación de encuestas y guías para medios de comunicación y ciudadanía en general, sobre cómo identificar cuando un estudio es de calidad.
Desde AIM entendemos las encuestas como un elemento fundamental dentro del proceso democrático y creemos que tanto los investigadores, como la prensa, cumplimos un rol esencial para aportar información de calidad a la ciudadanía al momento de votar. Por esto, seguiremos trabajando incansablemente para aportar a la comprensión de la realidad política y de los fenómenos sociales de manera ponderada y veraz.
Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública
