Chile tiene una de las vedas electorales más largas del mundo. La ley prohíbe la difusión de encuestas de opinión pública sobre preferencias electorales durante los quince días previos a la elección. En América Latina, es uno de los quince países con este tipo de restricciones, en una región que presenta el mayor número de limitaciones para publicar encuestas.
Esta prohibición va en dirección opuesta a los principios democráticos de transparencia y libertad de información, perjudicando el acceso universal a información actualizada sobre el estado de las preferencias ciudadanas. Esta medida no protege la integridad del proceso electoral, sino que más bien impone una censura injustificada sobre el acceso a información legítima y relevante para el electorado, debilitando el derecho de cada ciudadano a tomar decisiones informadas.
Esta veda no tiene cabida en el mundo global interconectado en el que nos encontramos. Mientras las redes sociales y los medios digitales proliferan como fuentes de información, esta restricción únicamente logra que la información electoral fluya en redes de manera clandestina, sesgada y no verificada, eludiendo cualquier tipo de regulación o fiscalización. Así, en lugar de eliminar la influencia indebida, esta norma fomenta la opacidad, beneficiando por una parte a aquellos grupos privilegiados con acceso a encuestas privadas, en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos, y por otra promoviendo encuestas de dudoso origen y calidad.
Numerosos estudios internacionales y experiencias comparadas, como las documentadas por las organizaciones globales más relevantes de la industria, como ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) y WAPOR (World Association for Public Opinion Research), demuestran que la divulgación de encuestas refuerza el proceso democrático. Las encuestas ofrecen un termómetro de la opinión pública que permite a la ciudadanía comprender las tendencias, evaluarlas críticamente y participar en la conversación pública de manera informada. No transparentar estos datos a los ciudadanos genera un vacío de información que no se llena con argumentos, sino con especulaciones y rumores, minando así la confianza en el sistema electoral.
Ante las elecciones del próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre, que marcan el inicio de un nuevo ciclo electoral en Chile, con la elección de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales —y que continuará en 2025 con las elecciones presidenciales y parlamentarias—, es urgente que se revise y se tomen medidas en cuanto a esta prohibición. Eliminar la veda no es solo un acto de justicia democrática; es un paso fundamental hacia una sociedad más informada, más libre y verdaderamente comprometida con los principios de transparencia y participación ciudadana.
María Paz Román O.
Presidenta AIM (Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile)
Paulina Valenzuela
Representante de Chile ante Wapor
Rafael Céspedes
Representante de Esomar en Chile
Columna de opinión publicada en La Tercera.
