La empresa socia de investigación de mercados Ipsos lanzó su versión número 20 de su informe mensual “Claves Ipsos” correspondiente al mes de julio, en el que encuestó a 800 personas en Chile para describir las opiniones y los comportamientos de los ciudadanos respecto de temas de interés para el país. En esta edición se hizo una radiografía de la opinión pública sobre probidad y corrupción en el país.
Probidad y Corrupción en el país
Se consultó por 15 instituciones distintas, públicas y privadas, y la mayoría de las personas asoció cada institución principalmente con la idea de corrupción antes que con probidad. Las tres instituciones más críticas son los partidos políticos con 83% de asociación a corrupción, el Congreso con 72% y las municipalidades con 63%.
En el caso del Estado, pese a que un 31% considera que tiene los medios para actuar con probidad y transparencia y fiscalizar, 56% opina que no fiscaliza su propio actuar y 57% cree que es honrado en cuanto contratación de funcionarios para ministerios y servicios públicos.
También existe desconfianza sobre las prácticas de las empresas privadas. Los principales cuestionamientos se encuentran en relación a que no serían transparentes en relación a sus resultados comerciales y sus ganancias (sólo 14% cree que sí lo son) o transparentes en precios de sus productos y condiciones de servicio (17% cree que son transparente en este punto).
Para las personas consultadas sólo se podría confiar en un comportamiento honrado en emprendedores y dueños de negocios hoy en Chile (64%). Mientras la percepción de comportamiento honrado tiene resultados críticos en relación a funcionarios municipales (14%), funcionarios del Estado (15%) y las autoridades de gobierno (16%).
La corrupción se observa como un fenómeno instalado a todo nivel: en el país (76%), en el Estado (69%), en las regiones (64%) y comunas (57%), en la empresa privada (44%) y hasta en las relaciones entre las personas (34%).
A nivel del Estado, las prácticas corruptas más frecuentes que las personas creen que se producen son el nepotismo (60%), la malversación de fondos (50%) y sobornos (47%). Mientras que a nivel de las empresas serían el uso de sobornos o coimas (59%) y de influencias para lograr beneficios (55%).
“La sensación de falta de probidad y de uso de prácticas corruptas por parte de instituciones públicas y privadas se ha instalado a todo nivel, en opinión de la ciudadanía. Incluso en las relaciones entre las personas. Esta percepción de ambiente de corrupción es tremendamente dañina porque perjudica a la forma como las personas se relacionan con las instituciones, al funcionamiento de las mismas y también a la imagen país que se construye y proyecta. Si se creía que la corrupción era un fenómeno asociado principalmente al ámbito político, este estudio nos demuestra -desde la observación ciudadana- que es transversal a las diversas instituciones y relaciones en Chile”, indica Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
Caso Convenios
En julio, tres de cada cuatro personas indican estar al tanto o haber escuchado sobre escuchado sobre el “Caso Convenios”.
Para la mayoría de las personas consultadas (60%), este caso descubrirá una práctica de corrupción que no es nueva y ha afectado al Estado en muchos gobiernos, mientras que un 35% cree que esta situación mostrará un mecanismo de financiamiento creado por algunos partidos ligados con el Gobierno del Presidente Boric.
Un 48% de las personas que saben sobre el “Caso Convenios”, piensan que el efecto para el Gobierno será perder credibilidad. Por el contrario, un 29% cree que saldrá fortalecido si se toman las decisiones y acciones correctas, mejorando los mecanismos de probidad del Estado. Sólo dos de cada 10 encuestados piensa que no pasará nada, ya que estos casos se olvidan y la agenda pública cambia rápidamente.
Dentro de los principales impactos que tendrá el Caso Convenios, el 47% cree que habrá mayor control o supervisión de los recursos asignados por el Estado a las instituciones privadas; el 41% piensa que habrá aumento de sanciones o entidades involucradas en casos de este tipo; el 36% estima que se fortalecerán las entidades fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República, y el 29% ve posible que el traspaso de recursos estatales a privados podrían ser todos a través de concursos públicos.
A raíz de lo anterior, más de la mitad de los chilenos (52%) evalúa a las fundaciones peor que antes, un 38% las ve igual que antes y sólo un 5% las percibe mejor que antes.
“Más allá de la gravedad del caso y de todas las prácticas que se están descubriendo o cuestionando, aun cuando puedan estar apegadas a la ley, el Caso Convenios está generando un daño muy serio a la reputación de las instituciones públicas y al tercer sector en Chile. Por un lado, sirve de base para confirmar los prejuicios de las personas que creen que la mayoría de los actores políticos y el funcionamiento del Estado son corruptos, acrecentando la desafectación política. Perjudica a la imagen de entidades como las fundaciones, que son necesarias para la ejecución de políticas públicas en el país. Y, además, contribuye a generar un ambiente viciado, ya cruzado actualmente por la agenda de inseguridad pública”, comenta Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
Revisa el estudio completo aquí.
