Desde el gremio de investigadores advierten que la actual veda electoral impacta negativamente en la calidad de la democracia, al impedir el acceso oportuno y equitativo a información clave para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.
Una delegación de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) se reunió este lunes con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Macarena Lobos, para solicitar el término de la veda electoral vigente en el país.
La normativa actual impide la publicación de encuestas de opinión relacionadas con preferencias electorales durante los 15 días previos a una elección, lo que convierte a Chile en uno de los países con una de las vedas electorales más largas del mundo. En este contexto, AIM considera urgente revisar esta legislación, especialmente de cara al proceso electoral presidencial y parlamentario de 2025.
La comitiva estuvo encabezada por la presidenta de AIM, María Paz Román, e integrada por representantes del Comité de Opinión Pública de la Asociación: Paulina Valenzuela, directora AIM, representante de WAPOR en Chile y vicepresidenta de WAPOR Latinoamérica, Juan Pardo, expresidente AIM, y Alejandra Ojeda, directora de AIM.
María Paz Román, presidenta de AIM, valoró el encuentro y destacó la disposición al diálogo por parte de la autoridad. “Esperamos que esta reunión marque el inicio de una revisión legislativa que modernice el marco regulatorio en Chile, de cara a los desafíos de una democracia informada”, enfatizó.
Por su parte, Paulina Valenzuela subrayó la relevancia del tema. “La conversación es muy importante, pero también lo son las acciones que se logren implementar. Los temas de transparencia en el ámbito de las encuestas electorales son una preocupación no solo en Chile, sino también en Latinoamérica”, señaló.
¿Qué proponen?
El documento entregado a SEGPRES solicita la modificación de la ley vigente para permitir la publicación de encuestas electorales hasta las 23:59 horas del día anterior al acto electoral. Además, restringir dicha publicación, durante el período de campaña legal, a actores inscritos en un registro oficial de empresas, instituciones u organizaciones, quienes deberán comprometerse a publicar, al menos, la siguiente información:
- Empresa responsable de la encuesta
- Mandante o entidad financiadora
- Universo de referencia
- Tamaño muestral y cobertura geográfica
- Metodología de levantamiento y redacción de preguntas
- Fechas de terreno
- Ajustes y ponderaciones posteriores
- Tasa de respuesta
Este registro debería estar disponible en un sitio habilitado por el SERVEL, permitiendo su fiscalización y acceso público.
En la instancia, AIM también propuso la creación de una mesa de trabajo con el SERVEL y otras instituciones pertinentes, para diseñar una iniciativa de buenas prácticas, sin la necesidad de modificar la ley, que permita convocar voluntariamente a encuestadoras políticas a inscribirse en un registro con los datos mencionados.
Por qué terminar con la veda electoral
Diversas organizaciones internacionales como ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) y WAPOR (World Association for Public Opinion Research) han documentado cómo la publicación de encuestas contribuye a fortalecer los procesos democráticos, permitiendo a la ciudadanía acceder a información relevante para su toma de decisiones.
Desde AIM argumentan que la veda genera opacidad y asimetría informativa: durante el período de restricción, las encuestas no dejan de existir, sino que simplemente se restringe su publicación para el público general. Sin embargo, actores con mayores recursos —como partidos políticos, medios de comunicación, empresas u otros— continúan accediendo a estudios privados, lo que genera una desventaja informativa para otros actores y para la ciudadanía en general.
Juan Pardo, expresidente de AIM, enfatizó esta contradicción: “La paradoja es que una ley destinada a fortalecer y transparentar la democracia en Chile terminó convertida en lo contrario que dice defender, convirtiendo el acceso a la información en el privilegio de unos pocos”.
Agregan que permite el aumento de desinformación y circulación de rumores, debido a que la ausencia de información oficial y verificada durante este período favorece la difusión de encuestas falsas o de origen dudoso. “La veda electoral en Chile ofrece condiciones para la proliferación de fake news y encuestas de baja calidad metodológica. Es necesario fortalecer a la democracia con publicaciones confiables, que transparenten sus criterios metodológicos”, añadió Alejandra Ojeda.
Asimismo, la ley vigente está desactualizada frente a estándares internacionales: diversos países con sistemas democráticos consolidados, como Estados Unidos, Canadá, Alemania y el Reino Unido, permiten la publicación de encuestas hasta el último día antes de la elección.
Finalmente, añaden que es un obstáculo para la labor académica y periodística, porque la prohibición limita la posibilidad de realizar estudios en tiempo real sobre comportamiento electoral y dificulta la labor informativa de los medios de comunicación, quienes cumplen un rol fundamental en garantizar el derecho a la información.
