En una capacitación liderada por la abogada Macarena Gatica, la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) revisó los desafíos de la normativa que regirá desde diciembre de 2026 y entregó herramientas para adaptar procesos y prevenir sanciones.
En una sesión de más de dos horas, la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) convocó a sus socios para abordar en detalle las implicancias de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026. La capacitación estuvo a cargo de la abogada Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados, líder el área de Tecnología, Medios, Telecomunicaciones y Protección de Datos de la firma, quien explicó los principales cambios normativos y sus efectos en la operación de empresas del sector.
La nueva ley introduce estándares más estrictos para el tratamiento de datos personales y sensibles, estableciendo obligaciones como medidas de seguridad técnicas y organizativas, reportes de vulneraciones a la Agencia de Protección de Datos, evidencias de consentimiento informado y evaluaciones de riesgo.
Además, la nueva normativa establece sanciones severas para el incumplimiento, clasificando las infracciones en leves, graves y gravísimas, con multas que pueden alcanzar hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM respectivamente. En casos de reincidencia, las sanciones se triplican, y para grandes empresas la penalidad puede llegar al 2% de los ingresos anuales por infracciones graves y hasta el 4% por infracciones gravísimas. La ley contempla como atenuante la existencia de un modelo de prevención certificado por la Agencia, lo que podría reducir la cuantía de la multa.
Uno de los puntos más relevantes para la industria es la exigencia de contar con contratos claros con clientes, proveedores y reclutadores que manipulen datos, asegurando que todos cuenten con una base de licitud válida. También se subrayó la necesidad de actualizar políticas de privacidad, implementar mecanismos para ejercer derechos como acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, y ordenar las bases de datos para cumplir con los plazos legales de respuesta.
Gatica advirtió que la ley no será retroactiva, pero a partir de su entrada en vigencia todo consentimiento deberá cumplir con las nuevas exigencias, lo que obliga a las empresas a iniciar cuanto antes el proceso de actualización. “Este es un cambio cultural y operativo profundo, que requiere protocolos claros, formación interna y coordinación con clientes y proveedores”, señaló.
Durante la capacitación, se discutieron casos prácticos de la industria, como el manejo de datos en estudios de paneles y focus group, la formalización de acuerdos con reclutadores y la necesidad de evidencias verificables del consentimiento, ya sea escrito, digital o grabado. También se abordó la importancia de definir plazos de retención y procedimientos de eliminación de información una vez cumplida la finalidad para la que fue recolectada.
La experta subrayó que, en un escenario donde la conciencia ciudadana sobre el uso de datos sigue siendo baja, la fiscalización será un motor de cambio: cualquier persona podrá reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, y las empresas deberán estar preparadas para responder de forma ágil y documentada. Este nuevo marco normativo también pone a prueba la relación de confianza con los clientes, que buscarán proveedores capaces de cumplir estándares más exigentes y transparentes.
La AIM anunció que continuará desarrollando instancias para apoyar a sus socios en la implementación de la normativa, incluyendo la elaboración de estándares y códigos de conducta que fortalezcan la confianza en el manejo responsable de la información. Asimismo, se proyecta la realización de talleres prácticos y mesas técnicas para resolver dudas operativas y definir protocolos aplicables a las diversas realidades de la investigación de mercado en Chile.
