Si bien el proyecto que modifica la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales (Boletín N° 13.894-06) nació con el objetivo de mejorar la transparencia y la calidad de la información que emana de los estudios de opinión pública en época electoral, la propuesta recientemente aprobada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados está lejos de garantizar que se logrará el objetivo, al contrario, consideramos que esta nueva versión de la ley amenaza con afectar profundamente la actividad de investigación electoral en el país.
Como Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile celebramos la iniciativa de disminuir el periodo de prohibición de difusión de encuestas electorales de 15 a 4 días antes de una elección. Esto se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales especializados, como WAPOR y ESOMAR, quienes abogan por eliminar los períodos de prohibición para difundir encuestas.
El proyecto aprobado por la Comisión también señala que “Las instituciones y empresas de encuestas de opinión pública sobre preferencias electorales no podrán divulgar y publicar los resultados, cuando dicha publicación no venga acompañada de la transparencia activa de un documento técnico que sirva de evidencia y sustento estadístico de los resultados arrojados por dicha encuesta”. El reporte de la ficha técnica de los estudios es una práctica que ha sido ampliamente impulsada por AIM Chile, definiendo claramente cuáles son los elementos que se deben reportar en el informe metodológico. El proyecto de ley, en tanto, propone un mecanismo impreciso, sin un formato de comunicación claro que sea acorde a la actividad de investigación.
Junto a ello, la iniciativa busca obligar a las instituciones que realizan estudios de opinión pública a detallar la información de “los encargados de la realización de la encuesta, los responsables de la publicación (…) la información sobre los jefes de estudios (…) y la nómina de los supervisores del proceso de levantamiento”. Además, en su artículo 2, obliga a las empresas a publicar la “información consolidada del personal”. Esto sin duda viola la privacidad de quienes se desempeñan en el área de la investigación. Los responsables de la realización de los estudios son los dueños de las empresas, en ningún caso sus trabajadores, por lo que dar cuenta de la información de los controladores debería bastar para efectos de transparencia.
Adicionalmente, la normativa busca entregar la fiscalización del cumplimiento de esta ley a un organismo que se definirá mediante reglamento. Respecto a este punto, resaltamos que tanto la experiencia internacional, como la misma experiencia chilena, muestran que la mejor manera de resguardar la integridad de los estudios de opinión es a través del trabajo colaborativo entre las empresas privadas, centros de estudio e instituciones académicas. Son estas las organizaciones mejor preparadas para detectar cuando una encuesta es fraudulenta y alertar oportunamente a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Tal como AIM lo ha hecho ya en reiteradas oportunidades.
Así como está actualmente, este proyecto de ley transformaría las encuestas de preferencias electorales en una de las actividades más fiscalizadas del país. Esto sin garantizar realmente el fin de la circulación de información falsa o manipulada. Pretender que al otorgar a un juez penal la facultad de “eliminar y suspender las publicaciones falsas en plataformas digitales o redes sociales”, es no comprender el contexto de las comunicaciones en un entorno digital y hace que este proyecto de ley sea letra muerta en cuanto a los objetivos que busca perseguir.
Desde AIM creemos que mejor manera de hacer frente al fenómeno de la desinformación en materia de encuestas electorales es a través de la educación de la ciudadanía, el trabajo codo a codo con los medios de comunicación y el desarrollo de estándares de transparencia que permitan que la comunidad de investigadores pueda analizar el trabajo de sus pares. Como asociación, seguiremos trabajando en esta línea, promoviendo un actuar ético, estándares de calidad y denunciando con fuerza a quienes busquen engañar a la ciudadanía.
