AIM conversó con la directora del Instituto Nacional de Estadísticas respecto a los desafíos de la institución durante la pandemia, el próximo Censo de Población y Vivienda, las innovaciones preparadas para este 2021 y la importancia de que el instituto cuente con total autonomía.
En julio de 2020, Sandra Quijada fue ratificada como directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), puesto que había ocupado desde febrero de manera interina. Ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y magíster en Economía de esta misma universidad, cuenta con una amplia trayectoria profesional ligada al desarrollo estadístico desde el sector público y la academia. Hoy lidera un periodo de grandes desafíos para el INE, marcados por la pandemia, los preparativos para el Censo 2023 y la búsqueda de la autonomía de la institución.
¿Cuáles han sido los principales desafíos de la producción estadística durante la pandemia y cómo los ha enfrentado el INE?
El aprendizaje más grande es la adaptación, tomar lo que está disponible, adecuarlo y darle la rigurosidad que necesita para mantener la estadística oficial en circulación. Para eso nosotros nos apoyamos muchísimo en la OIT, CEPAL y en foros sostenidos por el Banco Mundial y Naciones Unidas. La adaptación ha ido por usar modos mixtos de recolección. Nuestra mayor fortaleza en el levantamiento de la información eran las encuestas web que hacíamos a las empresas. Ya teníamos una tecnología adaptada para ello y tuvimos que extender esa tecnología al resto de los productos. Otro desafío es la oportunidad de la información, por ejemplo, tenemos la incorporación de algunas preguntas a la Encuesta de Empleo sobre cómo está afectando la pandemia, tanto el mercado del trabajo como a los hogares de las personas.
Están próximos a comenzar la etapa piloto del Censo de Población y Vivienda ¿Cómo se desarrollará esto en el contexto de pandemia?
Actualmente nuestro principal desafío es el Censo Agropecuario. La innovación que tiene es que por primera vez tenemos dispositivos móviles de captura lo que permite una sanitización más rápida. El procesamiento de la información también será bastante más rápido. Toda la experiencia que adquiramos en el Censo Agropecuario nos va a servir para implementarlo en el piloto del censo de este año. El Censo de Población y Vivienda está preparado para generar un levantamiento a todo evento. Tiene preparado un call center, un cuestionario web y un operativo presencial. Nuestro plan A es levantar un censo en pandemia, de manera que ante cualquier eventualidad nosotros podamos hacer un modo mixto de aplicación.
¿Esto también influyó en la decisión de hacer un censo de derecho?
El censo de derecho –es decir, empadronar a las personas en su lugar de residencia habitual, a pesar de que no se encuentren ahí en el momento de levantamiento, en un proceso que puede durar varios días e incluso meses– ya estaba definido desde que se terminó el Censo 2017 porque los riesgos de hacer un censo de hecho –empadronar a las personas en el lugar en el que se encuentran durante el momento del censo, en un proceso que habitualmente se realiza durante un solo día– son muy altos. El censo de derecho también tiene sus riesgos, pero para eso hemos estado trabajando con varios años de anticipación tomando las experiencias previas y ajustando todo lo necesario para tener un censo exitoso.
Una de las novedades de este Censo de Población y Vivienda es que incluirá el uso de registros administrativos ¿qué nos puede contar al respecto?
Normalmente estamos recibiendo información de los permisos de edificación y de los certificados de recepción final de obras. También tenemos un convenio de colaboración con la Superintendencia de Servicios Sanitarios donde podemos identificar flujos de consumo de agua potable. Estamos incorporando toda esta información de acuerdo a lo que tenemos en base al último censo y a partir de esto podremos hacer la actualización cartográfica de manera focalizada.
¿Qué novedades se vienen para el INE en 2021?
Uno de los temas más relevantes tiene que ver con el trabajo de visualización geográfica que estamos haciendo. Estamos lanzando una versión 2.0 de Geodatos donde tenemos un montón de información súper valiosa para la administración local. Tiene datos del censo, datos administrativos. También está la plataforma Covid, donde obtenemos datos del Ministerio de Salud sobre los contagios por área censal. Junto a esto estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en una plataforma de caracterización de indicadores de calidad de vida para el área rural. A nivel regional estamos trabajando con la producción de boletines medioambientales, que es un producto nuevo, con lo que no solo tenemos actualización de la oferta estadística desde el nivel central, sino que también desde las regiones. Además, desde este año somos parte del Bureau Estadístico de la OCDE, con lo que estamos en un grupo de países selectos que manejan los más altos estándares respecto a sistemas estadísticos nacionales.
¿Qué opina sobre el proyecto para regular las encuestas de opinión pública que se encuentra actualmente en el Congreso y sobre la idea de que el INE asuma un rol en la fiscalización de la calidad de estos sondeos?
Es un proyecto que tiene que afinar una serie de detalles. En nuestra ley no tenemos el mandato de monitorear lo que está haciendo el sector privado respecto al levantamiento de información. Nosotros podemos sugerir ciertos estándares y cómo deberían estructurarse los documentos metodológicos, pero el INE no es una institución que levanta encuestas políticas ni estudios de opinión. Hay organizaciones internacionales que son especialistas en estos temas. Además, ustedes –en AIM– tienen su propia norma de calidad que certifica a las empresas en esta línea y que debería ser un punto importante a relevar en esta discusión. Hay elementos que les permiten a ustedes como Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública fijar estándares al respecto y nosotros como conductores del sistema estadístico nacional siempre vamos a estar disponibles para colaborar.
