Una reciente moción parlamentaria busca aumentar la transparencia de los estudios de opinión en materia electoral. Conversamos con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa; Cristián Valdivieso, socio director de Criteria; Jorge López, gerente general de Ipsos Chile; y Axel Callís, director de TúInfluyes.com; para conocer la visión de los socios AIM sobre los puntos fuertes y débiles de la propuesta legislativa.
El 15 de noviembre de 2020 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento (Boletín 13894-06).
La iniciativa corresponde a una moción parlamentaria impulsada por la diputada Marcela Hernando (PR), con el respaldo de los diputados Karim Bianchi (IND), Iván Flores (DC), Renato Garín (IND), Rodrigo González (PPD), Andrea Parra (PPD), Joanna Pérez (DC), Alexis Sepúlveda (PR) Leonardo Soto (PS) y Víctor Torres (DC). Actualmente el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja.
Esta normativa surge con el fin de evitar la publicación de encuestas electorales engañosas a través de la creación de nuevos requisitos de transparencia para las empresas dedicadas a la realización de estudios de opinión. Junto a ello, el proyecto disminuye el tiempo de prohibición para la publicación de resultados de encuestas electorales.
La ley actual fija un blackout informativo de 15 días antes de una elección, período que disminuiría a 4 días con la nueva propuesta.
La visión de la industria de la opinión pública
El pasado 12 de enero, el presidente de AIM, Juan Pardo, y la vicepresidenta Paulina Valenzuela asistieron a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para exponer la visión de la asociación respecto a este proyecto de ley. En la oportunidad, los representantes reconocieron que si bien en términos de la veda que afecta a las encuestas electorales la iniciativa significa un avance respecto a la normativa actual, AIM adhiere a las recomendaciones internacionales de WAPOR y ESOMAR que abogan para que no exista periodo de prohibición.
Junto a ello, los miembros de la directiva AIM destacaron los esfuerzos de la industria en materia de promoción de buenas prácticas e hicieron especial énfasis en la necesidad de contar con instrumentos de certificación que respalden la calidad de los procedimientos de las empresas de opinión pública. En este sentido hicieron un llamado a adoptar la Certificación AIM entre los requisitos deseables para las licitaciones de estudios realizadas a través de Mercado Público.
“En los hechos el blackout está superado”
Al evaluar la industria de los estudios electorales, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa pone el acento en la importancia que tienen estos sondeos en los procesos democráticos. “Los estudios contribuyen a la democracia en la medida que mantienen informada a la opinión pública. Ese es su aporte, entregar información para que la ciudadanía esté al tanto de cómo se desarrollan las campañas”, resalta. Junto a ello, califica las restricciones actuales como retrógradas y afirma que, si bien el proyecto de ley es un avance, lo ideal es que no exista censura.
En la misma línea, Cristián Valdivieso, socio director de la empresa Criteria, destacó que la iniciativa de disminuir el tiempo de prohibición para publicar encuestas electorales es una buena noticia y afirmó que la actual norma no solamente restringe la libertad de información, sino que además, en la práctica no tiene utilidad.
“El blackout es un principio que nunca me ha gustado porque genera inequidad en el acceso a la información. Se prohíbe la publicación de encuestas, pero no la generación y quienes tienen más dinero pueden seguir accediendo a ellas. En los hechos el blackout está superado. Por ejemplo, para el día anterior al plebiscito circularon encuestas a través de redes sociales y no pasó nada”, afirmó.
¿Se deben supervisar las encuestas?
Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, se ha planteado la necesidad de contar con una institución estatal que asuma el rol de supervisar la calidad de las encuestas electorales y el trabajo de las empresas dedicadas a los estudios de opinión.
Uno de los organismos que se ha propuesto para cumplir esta función es el Instituto Nacional de Estadísticas, no obstante, su directora, Sandra Quijada, aclaró ante la comisión el día 05 de enero que la institución “solamente tiene facultades para dar directrices metodológicas a organismos del Estado” y explicó que actualmente el instituto no cuenta con equipos ni experiencia en materia de encuestas de opinión.
Si bien Axel Callís, director de TúInfluyes.com, destaca como positivo contar con un registro de encuestadoras, considera que el Instituto Nacional de Estadísticas no sería el mejor organismo para asumir esa función debido a su dependencia del Ministerio de Economía. “No veo la relación del INE con el mundo de las encuestas. Las encuestas usan estadísticas, pero no son homologables. El INE no tiene la autonomía suficiente. Esta responsabilidad debería asumirla un consejo autónomo”, señala.
Por su parte, Cristián Valdivieso de Criteria apunta a que esta iniciativa podría llevar a una excesiva burocratización de la actividad. “Pedirle al Estado que se haga cargo de esto puede ser una buena idea en papel, pero es totalmente inoperante. Hoy el levantamiento de encuestas de opinión se está demorando una semana y la capacidad del Estado de estar encima es nula. Solo es la burocratización de un sistema que tiene una rapidez que el Estado jamás va a poder procesar”, apunta.
En esta línea, el gerente general de Ipsos Chile, Jorge López, sugiere que el mejor camino es la autorregulación de las empresas. “Las tutorías en este tipo de cosas no son apropiadas, la responsabilidad debe legarse en las compañías que están participando. Las empresas tienen que responder con su prestigio”, afirma.
La importancia de la transparencia
A juicio del representante de Ipsos, el aspecto más sensible de la ley tiene que ver con la obligatoriedad de publicar la ficha técnica de las encuestas electorales, algo que considera un avance en materia de transparencia de los estudios.
“Siempre vas a encontrar un subsegmento en que determinados candidatos o ideas tienen un alto porcentaje de adhesión sin que eso signifique que eso representa a una población determinada. La publicación de los parámetros básicos de una encuesta es esencial y en países más desarrollados hay estándares más rigurosos que lo que hemos visto en el último tiempo”.
López agregó que luego de la publicación de algunos polémicos estudios previo al plebiscito existe la sensación de que “si no hay un criterio técnico en protección de las metodologías siempre va a haber abuso en el resultado de las encuestas. Con todo, en mi opinión, las encuestas suelen influir poco en las preferencias de las personas, ellas más bien las confirman”, matizó.
La propuesta de ley además propone que las empresas deban publicar en su página web oficial una memoria anual donde se transparenten las fuentes de ingresos y las relaciones que tengan con empresas o actores públicos y privados.
Respecto a este punto, Axel Callís, director de TúInfluyes.com, afirma que hay que marcar diferencias entre los estudios destinados a partidos políticos y aquellos solicitados por personas.
“Yo creo que hay que preservar cierta confidencialidad porque en el mundo de los negocios y de la política hay personas que hacen estudios de opinión pública para testar proyectos que finalmente no se llevan a cabo. Lo que uno puede hacer es publicar los clientes después de un cierto periodo de tiempo, pero transparentar a sujetos privados me parece que hay que estudiarlo un poco más”, opina.
El rol de los medios de comunicación
Otro punto importante durante la discusión legislativa ha tenido relación con la responsabilidad de los medios de comunicación en la divulgación de encuestas. En este punto los socios de AIM coinciden que, si bien la normativa debería tomar en cuenta el papel de la prensa, cualquier intento por regular a este actor iría en contra de la libertad de informar.
“Aquí hay otro ente que son los medios de comunicación, los cuales fomentan o no a determinadas empresas y eso no se puede controlar. Los medios son libres, pero sí hay que pedirles que entreguen mejor información”, finaliza Ramón Cavieres de Activa.
