Diversos estudios de empleo y presupuestos familiares muestran que existe alta vulnerabilidad en gran parte de la población chilena. Al enorme endeudamiento de las personas, a una clase media en donde un tercio de ella sale y entra de la pobreza de manera permanente, hoy se agrega un fuerte aumento del desempleo, situación que podría agravarse en los próximos meses cuando se agoten los recursos institucionales y las medidas paliativas. El escenario actual pone una gran presión sobre los servicios del Estado y acrecienta el sentimiento de rabia en la ciudadanía.
Por Juan Pardo, socio y director de Estudios de Feedback Comunicaciones.
Podemos afirmar sin ninguna duda que la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta el mundo hará de Chile un país más pobre, al igual que muchos otros. A partir de los datos de la Encuesta Casen, sobre la base de la metodología de panel utilizada entre 1996 y 2006, se concluyó que uno de cada tres chilenos entra y sale de la pobreza en un ciclo permanente: entran a la pobreza porque pierden su fuente de ingresos y salen cuando logran que un miembro del grupo familiar tenga algún tipo de empleabilidad.
También sabemos que la pandemia afectará con fuerza a la clase media chilena, dejando a la mayoría de este segmento en una situación de mayor vulnerabilidad. Como saben, para la clasificación socioeconómica de la población, en AIM ocupamos un método que considera el cruce entre el ingreso total familiar y el número de habitantes en el hogar. De acuerdo a esta segmentación, un 11,2% de los chilenos pertenece al nivel C2 y un 24,7% pertenece al C3, conformando lo que entendemos como clase media (±35%). En base a estos parámetros, es esperable que en la medida que las personas dejen de recibir ingresos, empiecen a bajar de nivel socioeconómico o se sitúen en el borde del descenso.
“Uno de cada tres chilenos entra y sale de la pobreza en un ciclo permanente”, Encuesta Casen.
En la misma dirección, las últimas cifras entregadas por el INE dan cuenta de la dura realidad que enfrentamos, con una caída en los puestos de trabajo incluso en aquellas regiones que históricamente han tenido alto empleo. De acuerdo a los datos del trimestre abril-junio, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar) alcanzó el 29,8%. Lo que se prevé es que estas cifras de desempleo puedan ir aumentando de manera progresiva en la medida que no tengamos alguna capacidad de recuperación de la actividad económica.
Algunos analistas económicos han comentado durante las últimas semanas la posibilidad de que una parte del empleo que se destruyó ya no se pueda regenerar, al tratarse de puestos de trabajo que van a quedar obsoletos, o debido a que las empresas cambiarán sus requerimientos de personal para adaptarse a nuevos modelos de servicios. La sumatoria combinada de estos factores hacer prever una situación de alta vulnerabilidad para la clase media durante los meses venideros.
De esta manera, es probable que observemos un engrosamiento de lo que denominamos clases medias bajas, correspondientes a ese gran grupo de personas que entran y salen de la pobreza. Si antes este sector correspondía a un tercio de la población, es posible que luego de la pandemia aproximadamente la mitad de las personas queden en esta condición. Esto significa gente precarizada viviendo en el límite.
“El solo hecho de que a la fecha casi 9 millones de personas hayan solicitado el retiro de su 10% de la AFP, constituye un indicador de la situación de carencia económica que hoy vive la mayoría de la población”.
A partir de las cifras de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE publicadas en 2019, constatamos que en ese entonces ya el 70% de los chilenos gastaba más de lo que gana mensualmente, construyendo la frágil estabilidad financiera de su vida cotidiana en base a una bicicleta financiera. El solo hecho de que a la fecha casi 9 millones de personas hayan solicitado el retiro de su 10% de la AFP, constituye un indicador de la situación de carencia económica que hoy vive la mayoría de la población.
Este contexto de vulnerabilidad pone una gran presión sobre los servicios del Estado para la refocalización de los programas de ayuda social. Si hay una demanda que cruza a todos los gobiernos es la idea de que los programas estatales solamente son focalizados en los sectores de más bajos ingresos y que los programas para la clase media son muy escasos o con criterios de admisibilidad que casi nadie cumple.
En este sentido, uno de los efectos sociales más nocivos de la pandemia es hacer que las brechas ya existentes se profundicen a todo nivel, siendo la más evidente la que tiene relación con el desigual acceso a la salud. Junto a ello se han generado nuevas brechas en educación, producto de las condiciones desiguales para poder acceder a sistemas alternativos de entrega de contenidos. A esto se suma el crecimiento en la brecha económica por la pérdida de empleos y la evidencia acerca de la brecha que existe respecto a la calidad de la vivienda. Todo esto configura las condiciones precisas para que aumenten las demandas ciudadanas por un Estado más fuerte que se haga cargo de resolver, o al menos mitigar, estas inequidades.
Ante este escenario, es preocupante que se produzca una agudización de los conflictos sociales producto del deterioro de la situación económica, pues no hay nada más movilizador para un adulto que sentir que su familia está pasando hambre.
