En el contexto latinoamericano, Chile ha sido un ejemplo de construcción de sistemas de indicadores sociales robustos y con seguimiento en el tiempo para nuestros vecinos: El Censo, la Encuesta CASEN, la Encuesta de Protección Social, la Encuesta Financiera de Hogares, la Encuesta Suplementaria de Ingresos, sólo por nombrar algunas. Pero esto no ha sido fortuito: ha requerido de voluntad política e inversión pública. La clave para la fortaleza de la información pública nacional es que ha sido considerada como una política de Estado y su continuidad no ha estado sujeta a decisión de los gobiernos de turno. Además, a inicios del 2000 la promulgación de la Ley de Compras Públicas y el nacimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública sumó transparencia al proceso de adquisición de los servicios.
Por otra parte, la discusión más polémica ha estado en la publicación de los estudios de opinión, con especial foco en los estudios de intención de voto en períodos electorales. Y la AIM siempre ha sido clara al respecto: Chile requiere un debate público con información confiable y con interpretación ajustada a los datos, por lo que es necesaria la transparencia de las condiciones metodológicas del levantamiento.
Durante años fui parte del Comité de Opinión Pública (COP) de la AIM y puedo testificar el compromiso de nuestras empresas socias para trabajar en estudios públicos de alto estándar metodológico en un contexto de producción propia de datos y autofinanciamiento. No es fácil. Requiere compromiso ético y persistencia en el tiempo. Ha sido un trabajo que hemos mantenido por años, no exento de discusiones y distintas posiciones al respecto. Pero, es un orgullo que las empresas AIM sean certeras en sus predicciones y estén haciendo un aporte significativo a la discusión de la agenda pública.
En tiempos donde la confianza es escasa y la reputación frágil, es una responsabilidad tanto del gobierno como de las empresas de investigación proteger la integridad de la información pública, ya sean datos de encuestas estatales o de estudios de opinión pública.
Como gremio hacemos un llamado a la autoridad a profundizar en la protección de la reputación de nuestros instrumentos públicos. La AIM está disponible para participar en las conversaciones necesarias al respecto y cooperar en esta tarea. Proteger la confianza en los datos públicos es una responsabilidad compartida, y estamos convencidos de que nuestra experiencia y reflexión pueden contribuir significativamente a ese objetivo.
